El Debate sobre la Privacidad y la Seguridad en la Economía Digital
La Asociación Latinoamericana de Internet (Alai) expresó su firme rechazo a la propuesta del Ejecutivo federal que busca implementar el artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación, un cambio que obligaría a las plataformas digitales a otorgar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceso “permanente, en línea y en tiempo real” a sus sistemas y registros. Esta iniciativa ha generado una fuerte controversia, con la Alai argumentando que representa una amenaza a los derechos constitucionales y la estabilidad del ecosistema digital.
Argumentos de la Alai: Privacidad, Seguridad y Libertad
- Vulneración de Derechos Constitucionales: La Alai sostiene que la propuesta vulnera derechos fundamentales como la privacidad y el debido proceso, al permitir un acceso sin delimitación clara a bases de datos privadas y la información de los usuarios.
- Riesgos para la Ciberseguridad: Se advierte sobre el riesgo de exposición a ataques cibernéticos y la pérdida de confianza por parte de los usuarios si se facilita un acceso permanente a sistemas privados.
- Efecto Disuasorio: Se alerta sobre el impacto negativo que podría tener en la inversión y la libertad de expresión si se mantienen facultades de bloqueo por incumplimiento.
- Necesidad de Diálogo y Consulta Pública: La Alai aboga por un proceso de diálogo técnico y una consulta pública exhaustiva antes de que cualquier cambio legislativo se convierta en ley.
El Propuesta del Ejecutivo: Eficiencia y Trazabilidad
La iniciativa del Ejecutivo busca mejorar la eficiencia recaudatoria y disponer de información inmediata sobre las operaciones de la economía digital, que ha experimentado un crecimiento significativo. Se argumenta que el acceso directo y permanente a los datos de las plataformas digitales permitiría combatir prácticas fiscales indebidas y asegurar el cumplimiento fiscal.
El texto legislativo contempla que el SAT definiría las especificaciones técnicas mediante reglas generales y celebraría convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para la gestión tecnológica o el análisis de datos. Además, se establece que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones serían los encargados de llevar a cabo los bloqueos temporales en caso de incumplimiento.
Comparación: Trazabilidad vs. Derechos Digitales
Si bien el Ejecutivo enfatiza la necesidad de trazabilidad para combatir fraudes fiscales y mejorar la recaudación, la Alai pone el foco en los riesgos constitucionales, técnicos y de seguridad que implica dar acceso persistente a sistemas privados sin marcos de control adecuados. Se argumenta que la propuesta podría ser utilizada para fines distintos a los declarados, como la vigilancia de usuarios y la restricción de la libertad de expresión.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Por qué la Alai se opone a esta propuesta? La Alai argumenta que la propuesta es inconstitucional, desproporcionada y pone en riesgo los derechos fundamentales de los usuarios, la seguridad de sus datos y la estabilidad del ecosistema digital.
- ¿Qué tipo de acceso propone el Ejecutivo? El Ejecutivo busca un acceso “permanente, en línea y en tiempo real” a los sistemas de las plataformas digitales.
- ¿Quién sería responsable de aplicar los bloqueos? Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.
- ¿Qué se busca con la trazabilidad de las transacciones digitales? Combatir prácticas fiscales indebidas y mejorar la recaudación.
